Óscar Cerezal.-  Diario 16+ / Diario Sabemos

Una de las tareas más urgentes en nuestro país es abordar la reforma en profundidad del sistema político y administrativo. No es un eslogan ni una exageración. Esta urgencia surge del cansancio que se palpa en la calle, en los bares o en las conversaciones entre amigos ante cualquier debate relacionado con la cosa pública y más aún cuando los escándalos son el pan nuestro de cada día. La sensación extendida es que las instituciones han dejado de servir al ciudadano y se han convertido en un ente con vida propia que se sirve a sí mismo. Un laberinto que se percibe que protege a unos pocos y agota a la mayoría, que se desliza desde un entendible hartazgo a reforzar posiciones antipolíticas más o menos nítidas.

El Estado, concebido como garante del bien común, se ha transformado en una maquinaria pesada, lenta y a veces contradictoria. Absorbe recursos, tiempo y energía, exige sacrificios y multiplica los trámites, pero cuando llegan las crisis —económicas, sanitarias o sociales— se diluye entre excusas y reparte culpas como quien reparte folletos. Y conviene recordar ante tanta propaganda de parte: el Estado no es solo el Gobierno central. También lo son las comunidades autónomas, las diputaciones y los ayuntamientos. Todos con competencias distintas, todos con estructuras complejas pero, demasiadas veces, con la misma falta de eficacia.

Nuestro sistema político ha demostrado ser exitoso en tres cosas: el enfrentamiento partidista, el gasto y la producción de normas. Partidismo que sirve con cortina de humo antes los grandes problemas inconclusos del país; Gasto del que nadie rinde cuentas cuando no se dedica a lo realmente necesario y cuyo exceso es rescatado por todos a través de deuda; y Normas que rara vez se cumplen, pero que se multiplican hasta el asunto más insignificante de la vida. Sería injusto ignorar que también han existido avances positivos, pero también ingenuo esconderse tras ellos para negar la evidencia: cuando el país se ha enfrentado a grandes dificultades – las crisis económicas, una pandemia, inclemencias climatológicas o afrontar problemas complejos, como la inmigración masiva o la carestía de la vivienda—, el sistema ha mostrado una vergonzante fragilidad. Y lo más grave no son los errores, sino la ausencia total de propósito de enmienda. Nada ha cambiado tras cada fracaso.

Reformar no significa, en si mismo, destruir. No se trata de desmontar el Estado y reducirlo a su mínima expresión, como desearían los “criptobros” o libertarios de motosierra, sino devolverle su razón de ser original: garantizar derechos, ofrecer servicios públicos de calidad, establecer reglas claras y asegurar que nadie esté por encima de ellas. Es decir, garantizar la defensa del bien común. Hoy, sin embargo, lo que vemos es justo lo contrario: más organismos, más confrontación, más asesores, más normas inútiles y menos resultados. Una inercia que alimenta el desencanto social y que amenaza con vaciar de contenido la democracia tal y como la hemos conocido.

Parte del problema nace en el mismo corazón del sistema: la ley electoral. Diseñada en otro tiempo y para otro país, hoy distorsiona la representación y perpetúa un modelo en el que el voto de un ciudadano no vale lo mismo según dónde viva. Los partidos grandes se benefician, los pequeños quedan relegados mientras se debilitan las alternativas y por tanto, se afianza la sensación de impunidad del bipartidismo y adláteres, logrando que los ciudadanos, resignados y alineados, votan más por descarte que por convicción. A esto hay que sumar un sistema de listas cerradas que otorga a las cúpulas de partido un poder absoluto sobre quién entra y quién sale. Así, la política deja de ser un espacio de servicio y se convierte en un tablero de lealtades. Un diputado o un concejal no representa ni rinde cuentas ante sus votantes, sino al aparato de turno que lo colocó en la lista.

A esta distorsión de la democracia se añade otro actor, que nadie vota pero todos sabemos que esta ahí: el poder impune de las grandes empresas. Financieras, tecnológicas, energéticas o de comunicación, operan con una influencia que supera la de los propios órganos democráticos del Estado. Marcan agendas, presionan gobiernos, imponen sus intereses en todas y cada una de las leyes que se aprueban, a la vez que moldean la opinión pública a través de medios que dependen de su publicidad para sobrevivir. Esa alianza silenciosa, cuando no de sumisión del poder político ante el económico ha generado una nueva élite que se protege a sí misma mientras el ciudadano medio asume los costes: facturas desorbitadas de los productos básicos, vivienda inaccesible, precariedad laboral y un mercado dominado por oligopolios disfrazados de libre competencia.

Para que algo cambie es necesario que la ciudadanía abra de forma valiente la puerta. Impulsar consultas vinculantes permanentes, presupuestos participativos y plataformas digitales seguras que permitan impulsar propuestas legislativas reales. Porque la democracia no se agota en el voto cada cuatro años. Y sobre todo porque no se trata de sustituir la partitocracia por una tecnocracia salvadora, dejando el campo libre a las élites de la administración que tan bien se relacionan ya hoy, a través de consultoras de ida y vuelta, con el poder económico. 

Pero nada de esto servirá sin reconocer la responsabilidad activa y pasiva de la ciudadanía en lo que estamos viviendo. Ninguna de las fisuras de nuestro sistema democrático hubiera sido posible sin el aplauso inconsciente de un pueblo que no tiene conciencia ni individual ni colectiva de su fuerza. Por ello hay que trabajar una transformación cultural profunda, recuperando el valor de la política como herramienta para resolver problemas, no como refugio de privilegios. Los votantes debemos premiar el mérito y el servicio, no la obediencia partidista. Se trata de exigir ejemplaridad a quienes gobiernan y responsabilidad a quienes votan. La democracia no puede sostenerse sobre la resignación ni sobre el cinismo.

La reforma integral del sistema no es una moda ni una elucubración intelectual. Es una cuestión de supervivencia democrática. Si la ciudadanía pierde la confianza en sus instituciones, si percibe que el poder sirve solo a unos pocos, la soberanía nacional y popular se convierte en un decorado vacío. No hay que olvidar que la democracia a veces muere no con un golpe, sino con el hastío. Siendo conscientes que ya hemos tenido en los últimos años ejemplos, “a diestra y siniestra”, de supuestos intentos de cambiarla que han tenido como resultado más de lo mismo o peor. Aprendamos de los engaños y de los errores.

Los españoles necesitamos un nuevo modelo ágil, honesto y eficaz. Y eso no llegará por la buena voluntad de quienes se benefician del actual estado de las cosas. Llegará cuando los ciudadanos lo exijamos con firmeza. Regenerar España es la única forma de que la democracia viva y de que, por fin, el sistema vuelva a trabajar para las personas, no contra ellas. ¿Merece la pena intentarlo? Creo que si. Es urgente un punto y aparte del sistema.

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