Samuele Carlo Abrami y Moussa Bourekba
CIDOB

Por ahora, la creciente presión y el despliegue naval no se han traducido en hechos concretos. Sin embargo, pese a la incertidumbre sobre el cómo y el cuándo, la opción militar sigue sobre la mesa. Más que una lógica de contención, la postura de Washington parece responder a un cálculo que busca explotar la presión y la imprevisibilidad para convertir la debilidad iraní en una ventaja para Estados Unidos. Queda por ver si dicha estrategia puede conducir a un cambio en el régimen o si, por el contrario, desencadenará una nueva escalada de tensiones.

En los últimos días, Oriente Medio se ha preparado ante lo que se presentaba como un inminente ataque estadounidense contra Irán. El presidente Trump ha insistido en que «el tiempo se acaba» y ha enviado a la región una de las mayores «armadas estadounidenses» de los últimos años. El Gobierno israelí ha intensificado en privado su llamamiento a una acción decisiva, mientras los países de la región tratan de evitar una escalada repentina. Todo ello ha ocurrido en el contexto de la última oleada de protestas en Irán, desafiando una dura represión y un creciente desgaste interno por parte del régimen. Aunque, por ahora, no se ha producido una acción militar, eso no significa necesariamente que no haya intención de hacerlo. Visto desde la Casa Blanca, este impasse puede indicar una apuesta deliberada de esperar y ver qué pasa, calibrada para mantener la intervención plausible mientras se comprueba si esta presión puede conducir a negociaciones. En caso de producirse, Washington aspira a imponer los términos, conforme al enfoque de «paz mediante la fuerza» de Trump.

Washington y Tel Aviv tienen razones de peso para creer que no hay momento más oportuno para intervenir. Irán está más vulnerable que nunca. A nivel interno, una crisis económica persistente está erosionando la capacidad del régimen para gestionar el descontento social. A nivel regional, el ecosistema de influencia de Teherán ha sufrido golpes sucesivos: las campañas militares israelíes han debilitado considerablemente el «Eje de la resistencia» formado por grupos como Hezbolá, Hamás y los hutíes, mientras que la caída de Bashar al Assad ha supuesto la pérdida de un aliado regional fundamental.

Esta debilidad envalentona, pero también engaña, a Washington. La idea subyacente es que, cuando un régimen es frágil internamente, y se encuentra aislado regionalmente y militarmente degradado, un ataque oportuno podría finalmente inclinar la balanza. Las protestas en Irán han reforzado la percepción de que este es, precisamente, el momento adecuado para actuar. Pero la tentación táctica no es una estrategia a largo plazo.

En primer lugar, la guerra de los doce días del pasado mes de junio recuerda que es mejor no celebrar una victoria demasiado pronto. Por un lado, aunque los ataques coordinados de Estados Unidos e Israel supusieron graves consecuencias para el programa nuclear iraní, la fragmentación interna que se anticipaba nunca llegó a materializarse. Por otro, si el objetivo final de Tel Aviv y de los halcones estadounidenses era el cambio de régimen, la misión sigue sin cumplirse. En cambio, Teherán lanzó una masiva ofensiva de misiles y drones contra Israel y atacó a intereses estadounidenses en el Golfo, con un mensaje contundente: incluso un Irán debilitado conserva tanto la voluntad como la capacidad de escalar cuando está en juego la supervivencia del régimen. Por todo ello, la ambigüedad de Washington en estos momentos puede interpretarse como una lección aprendida: un régimen frágil no es necesariamente un régimen dócil.

En segundo lugar, ante la pregunta de si un ataque estadounidense ayudaría a los manifestantes iraníes, no hay que obviar un problema de fondo: no existe ningún escenario creíble para el «día después». Los que llaman a un ataque selectivo «al estilo Maduro» sostienen que la eliminación del líder supremo o del alto mando del Cuerpo de la Guarda Revolucionaria Islámica (CGRI) podría reavivar las protestas hasta el punto de provocar fisuras en el régimen, lo que provocaría deserciones e, in fine, el colapso del régimen. Sin embargo, Irán no es Venezuela. No solo el régimen y su aparato de seguridad ya han demostrado su resistencia frente a las protestas, sino que la propia estructura del régimen y del Estado –compuesta por organismos formales e informales– parece estar preparada para un escenario de este tipo. Dado que los mecanismos de sucesión están estrictamente controlados por el CGRI, una operación estadounidense podría empoderar a los sectores más duros del régimen en lugar de conducir a una transición política. A diferencia de Venezuela, Estados Unidos no tiene un líder con el que contar en Irán, ni una oposición unificada en la que apoyarse, ni una vía viable hacia la estabilización. Por último, el auge del patriotismo en Irán tras la guerra de los doce días indica que cualquier transición política impuesta desde el exterior sería rechazada.

En tercer lugar, el riesgo de una escalada militar complica aún más el dilema al que se enfrenta Estados Unidos. Los líderes iraníes han advertido en repetidas ocasiones que cualquier ataque se consideraría una «guerra total». Teherán conserva la capacidad de atacar a las fuerzas estadounidenses en Irak, Siria, Qatar y Baréin; de lanzar misiles contra Israel; y de involucrar a sus grupos armados afines en el Líbano, Irak y Yemen. También puede interrumpir el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz, un punto estratégico para el suministro energético mundial. Para un presidente estadounidense proclive a acciones breves y espectaculares con beneficios inmediatos, la perspectiva de verse envuelto en un «Irak 2.0» resulta francamente poco atractiva. Este escenario tampoco convence a los actores regionales. Los países del Golfo han instado a Washington a no atacar y, en algunos casos, han denegado el acceso a su espacio aéreo o a su territorio para operaciones ofensivas. En sus esfuerzos de mediación, las autoridades turcas han animado a Estados Unidos a desvincular las cuestiones militares y regionales del dossier nuclear, con el fin de abrir una vía para las negociaciones.

Sin embargo, ninguna de estas limitaciones elimina los factores que empujan a Estados Unidos hacia la confrontación. No está claro si la inacción de Washington responde a la cautela de Trump, a la presión de los países del Golfo, a consideraciones de calendario, o a la percepción, con Israel, de que Irán aún no está lo suficientemente cerca del colapso como para asumir riesgos de este calibre. Aunque los representantes iraníes han manifestado su disposición a dialogar sin condiciones, es difícil imaginar que Teherán acepte las exigencias de Washington –restricciones permanentes en materia nuclear, límites a las capacidades balísticas y un rol restringido en la región– especialmente sin unas garantías que Estados Unidos difícilmente estaría dispuesto a ofrecer. Esta asimetría mantiene una dinámica en la que la diplomacia todavía es posible, aunque sea, fundamentalmente, en los términos dictados por Washington, y bajo la presión que supone la ausencia de un acuerdo, como factor que aumenta el riesgo de acelerar la lógica de la confrontación, en lugar de desactivarla.

Sin embargo, son los cálculos internos de Donald Trump los que mantienen todos los escenarios abiertos. Por un lado, porque Trump sigue priorizando las «victorias» en política exterior que puede exhibir ante su electorado, especialmente en un año electoral como este. Por otro, porque la magnitud del despliegue militar estadounidense ha generado unas expectativas tan grandes que son difíciles de revertir. Su retórica sobre la destitución de Jamenei, los ataques «decisivos», y las sanciones económicas contra quienes comercian con Irán refleja una concepción de la diplomacia muy poco canónica. Trump utiliza la fuerza militar como una extensión de la negociación –«diplomacia mediante la fuerza»–. Una postura coherente con los principios básicos esbozados en la Estrategia de Seguridad Nacional de su administración: rivalidad estratégica, disuasión mediante la fuerza y rechazo de la moderación. Desde este posicionamiento, se puede interpretar que el objetivo de Washington no es un cambio de régimen como tal, sino una «sumisión estratégica»: obligar a los líderes iraníes a cambiar de actitud mediante la amenaza constante de escalada. Además, esta vez, el mensaje que se transmite es que, a diferencia del pasado, la represión interna y la política exterior del régimen tienen ahora un coste más elevado.

Por otro lado, el propio historial de Trump apunta a la imprevisibilidad: la guerra de los doce días estalló en plena negociación entre Estados Unidos e Irán, lo que refuerza la idea de que los gestos estratégicos y la improvisación pueden entrar en contradicción. Los partidarios de un ataque insisten en que una acción limitada podría proteger a la población civil y desplazar el equilibrio de poder en favor de quienes buscan derrocar a la República Islámica. Sin embargo, la experiencia regional de las dos últimas décadas –de Libia a Siria– ofrecen un recordatorio contundente: las intervenciones suelen generar inestabilidad y marginar a los sectores moderados. En el caso de Irán, el tamaño, la geografía y las capacidades de represalia del país multiplican esos riesgos.

Trump asegura que mantiene la puerta abierta a un acuerdo, pero sus llamamientos a “hacer a Irán grande de nuevo”, aunque imprecisos, funcionan, en el mejor de los casos, como gestos de carácter transaccional dirigidos más a la cúpula del régimen que a la sociedad iraní. Por lo tanto, Estados Unidos mantiene sus opciones militares mientras comprueba si la presión puede traducirse en concesiones bajo sus condiciones. Si la diplomacia falla o si se abre una ventana de oportunidad, la probabilidad de intervención puede aumentar rápidamente. Hasta entonces, la región –si no el mundo– tendrá que lidiar con el riesgo que conlleva esta ambigüedad deliberada. La pregunta preocupante ya no es si Washington actuará, sino cuándo se darán las condiciones que considera aceptables para hacerlo.