¿Quién puede acabar en la calle? La respuesta no remite a un perfil marginal, sino a un sistema que no garantiza derechos básicos.

¿Cualquiera puede  acabar en la calle?
Antes se pensaba que las personas sin hogar eran un grupo muy ajeno, casi culpable de su situación. Hoy, cada vez más personas sentimos que somos vulnerables frente a la exclusión residencial. En el imaginario colectivo ya no resulta tan ajeno. Conocemos a alguien que tiene dificultades para pagar el alquiler, que ha pasado por un proceso de desahucio o que vive al límite. Esto no quiere decir que el estigma haya desaparecido. Muchas personas no acaban literalmente en la calle porque activan otros recursos —familia, amistades, soluciones temporales—, pero están en riesgo igualmente.Antes, el sinhogarismo estaba asociado a un perfil concreto: hombre de unos 50 años, con problemas de adicción, patología mental, español, descuidado. Ese estereotipo dejaba fuera a mucha gente y hacía que la mayoría no se viera identificada ni expuesta a esa posibilidad.

Y era su culpa…
Sus malas decisiones, que se había aislado, que el consumo de alcohol, e incluso que “quería estar en la calle”. Esta idea sigue apareciendo en el discurso social.Siempre recuerdo una frase de Pedro Cabrera: las personas pobres no tienen derecho a ser libres. Quien está en la calle no elige con libertad. Puede decir “prefiero estar en la calle”, pero eso se produce entre opciones extremadamente limitadas. He escuchado a mujeres decir que prefieren la calle, y cuando profundizas descubres que vienen de situaciones de violencia extrema: por ejemplo, con un agresor que las golpeaba a diario. En ese contexto, la calle aparece como una forma de liberación. También hay personas con ingresos muy bajos y alquileres completamente desajustados que viven cada mes con el agua al cuello.

Esa presión onstante acaba siendo insoportable. Soltar la vivienda es soltar una angustia permanente. Otras personas prefieren la calle a determinados recursos institucionales, como albergues donde tienen que compartir habitación con desconocidos, con normas muy estrictas de horarios y conductas. Es lo que llamamos el proceso de institucionalización, que limita mucho la autonomía y la libertad de movimiento. Pero si a todas estas personas se les ofreciera una vivienda asumible —algo sencillo—, la inmensa mayoría la aceptaría.

“Las estrategias de las mujeres para no acabar en la calle hacen que no aparezcan en los recuentos”.

¿Ha aumentado el número de personas que viven en la calle?

Sí, y va claramente en aumento. Es un fenómeno directamente vinculado al problema de la vivienda, pero no solo. El sinhogarismo es el reflejo del fallo de las políticas públicas y del Estado del bienestar. Cuando fallan distintos ámbitos —vivienda, empleo, salud—, aparecen diferentes formas de exclusión, y la más extrema es acabar en la calle. Por ejemplo, una persona con trabajo precario sufre un accidente, se rompe un brazo, no tiene protección laboral y no puede trabajar. Entonces, no puede pagar el alquiler y acaba perdiendo la vivienda. O una persona que es hospitalizada, paga una habitación, no tiene red social y mientras está ingresada deja de pagar. Cuando sale del hospital ha perdido la habitación y no puede acceder a otra en el mercado inmobiliario actual. También ocurre con personas con problemas de adicción que no pueden acceder a recursos por listas de espera, o con problemas de salud mental sin atención comunitaria suficiente.

El tema de la salud parece clave.
Lo es. El estado de bienestar funciona como una red. Si vamos cortando los hilos, la gente se cae. Si debilitamos esa red, es mucho más fácil que personas que estaban aguantando acaben cayendo. Esto se vio muy claramente en la pandemia: personas que no estaban en los radares de los servicios sociales empezaron a aparecer en comedores sociales o centros de atención a personas sin hogar.

Sin embargo, no se ven chabolas.
Existen, aunque muchas veces no las vemos. En Valencia, por ejemplo, hay asentamientos en la zona del antiguo circuito de Fórmula 1. Existe una clasificación europea que recoge distintas formas de exclusión residencial: personas que viven a la intemperie, en chabolas, en coches, de sofá en sofá en casas de familiares o amistades o en viviendas inadecuadas. No todas estas realidades son visibles. La calle es solo la punta del iceberg.

Esto es especialmente relevante cuando hablamos de mujeres. El sinhogarismo de las mujeres ha estado históricamente invisibilizado. Ellas desarrollan estrategias para no acabar en la calle, y esas estrategias, paradójicamente, hacen que no aparezcan en los recuentos. La calle es un espacio especialmente hostil para ellas: aumenta mucho la exposición a la violencia y a los abusos sexuales. Además, socialmente se las penaliza más. Muchas mujeres optan por aguantar parejas maltratadoras porque la vivienda depende de ellos. O recurren a redes familiares y sociales, durmiendo en casas ajenas de forma temporal, sin estabilidad. O viven en viviendas inseguras, con amenazas de desahucio o acoso inmobiliario.

A esto lo llamamos sinhogarismo oculto. Son situaciones que no aparecen en un censo nocturno y que cuesta mucho detectar. Y el problema es que lo que no se identifica, no se convierte en política pública. Por eso el sinhogarismo femenino ha sido históricamente ignorado, aunque en los últimos años empieza a investigarse más y a plantearse respuestas específicas.

¿Qué podemos hacer  cuando nos cruzamos con alguien que vive en la calle?
Lo primero es informarse y desmontar los estigmas. La mirada condiciona la relación. No es un sintecho es una persona atravesando una situación concreta. Además, es importante conocer los recursos disponibles y compartir esa información. Y escuchar qué necesita esa persona. A veces será comida, o información, o solo ser tratada como alguien igual.

Hay que entender que cuando alguien está en la supervivencia diaria, planificar a medio o largo plazo es muy difícil. Si cada día tienes que garantizar qué comer o dónde dormir, no estás pensando en una cita médica dentro de dos semanas.El libro Silencio administrativo, de Sara Mesa, lo refleja muy bien: incluso para una persona formada, acceder a derechos es un laberinto burocrático. Para alguien que vive en la calle, cansado, sin dormir bien, mal alimentado, es casi imposible. Además, el consumo de alcohol u otras sustancias muchas veces es una forma de evasión. Si alguien pasa años en la calle sin perspectivas, sin respuestas ni horizonte, el deterioro es enorme.

Y entonces ya no basta con ofrecer un empleo: aparecen  daños físicos y emocionales que requieren mucho más tiempo y cuidado para repararse. Cuanto más se prolonga la exclusión, más difícil resulta reparar esos daños. Por eso el punto clave es la prevención. Cuando la prevención falla, tenemos que entender que los recursos necesarios ya no son solo materiales. La salida residencial debe ir acompañada de un apoyo social sostenido, porque lo vivido es traumático. Hubo un momento en que una ayuda material podía haber sido suficiente: ahí debía actuar la prevención.

¿Qué ha funcionado, y dónde?
Para abordar el sinhogarismo, el eje vertebral son las políticas de vivienda. Tradicionalmente, se ha abordado desde lo que se llama el modelo en escalera, que funciona más o menos así: primero un albergue; si la persona cumple horarios, normas y se porta bien, pasa a una vivienda de transición; si vuelve a cumplir, da otro paso, y así hasta llegar a una vivienda estable. Hoy, en cambio, se habla cada vez más desde enfoques como el housing led: la vivienda es el elemento central, y a partir de ahí la persona puede mejorar su situación.

Y dentro de ese enfoque está el housing first (la vivienda primero): personas que llevan mucho tiempo en la calle, con mucho deterioro, acceden a una vivienda —pequeña, sin obligación de convivir con desconocidos— y, ahí, se articula el apoyo comunitario (salud, seguimiento social, recursos de barrio, etc.) para que puedan ir retomando su vida y su autonomía. Ahora bien: nada de esto sirve como receta única. Como hemos dicho, el grupo de personas sin hogar es muy heterogéneo y requiere respuestas diversas. A una persona le puede funcionar un housing first; a otra, por ejemplo, lo que le funciona es trabajar y alquilarse algo con su propio dinero, porque no quiere sentirse dependiente.

Hay personas que necesitan un proceso de tratamiento de una adicción y, a partir de ahí, dar otros pasos. Otras necesitan una renta básica. Otras requieren empleo adaptado porque ya tienen un nivel de deterioro o problemas de salud.

Cada vez más personas nos sentimos vulnerables frente a la exclusión residencial.

¿Hay experiencias concretas que estén funcionando y que se puedan replicar?
No hemos hablado de las personas mayores, pero es un perfil que cada vez vemos más, en parte por el desequilibrio entre las pensiones que cobran y el precio de los alquileres. Aquí en València hay una experiencia especialmente interesante: los  Hogares Compartidos, una asociación que alquila viviendas y ofrece cada habitación a una persona mayor que puede pagarla con su prestación.

Son viviendas compartidas entre personas mayores —habitualmente a partir de 65 años, aunque puede haber alguna excepción. Además, hay un equipo de trabajo social que acompaña: les ayuda con trámites administrativos, con apoyos relacionados con el grado de dependencia si corresponde, y con todo lo necesario para que puedan mantenerse de forma estable. He conocido a personas que estaban en la calle esperando cumplir la edad necesaria para poder acceder a una vivienda de este tipo.

También es una alternativa a los modelos de residencias de mayores. 
Las residencias están bien para quien quiere ir, pero hay personas que no quieren sentirse institucionalizadas, con horarios rígidos y limitaciones.

Hay  mucha exclusión residencial en la ciudad, pero luego está la España vaciada…
El gran problema de las zonas rurales es la falta de dotación de recursos: sanidad, transporte, servicios sociales. No podemos decir “no hay casas” cuando hay espacios donde la vivienda existe, pero lo que no hay son servicios para sostener la vida.

Usted ha trabajo en un proyecto rural, ¿qué respuestas han encontrado en ese tipo de entorno?
He colaborado con un proyecto que se llama Envejecer en Muñoveros, un pueblo de la provincia de Segovia con poco más de cien habitantes. Lo que estamos intentando allí es activar redes de apoyo vecinal para fortalecer el tejido comunitario y que las personas mayores puedan permanecer en el pueblo. Veíamos que muchas personas mayores se iban a una residencia porque ya no había servicios en el pueblo.

Trabajamos para reforzar el tejido comunitario: actividades, servicios sanitarios, apoyo cotidiano… Por ejemplo, si ya no hay tienda y una persona mayor no puede desplazarse, que un vecino que va a otro pueblo le haga los recados. Se trata de reactivar la comunidad. En el caso de Muñoveros, la pata de la vivienda estaba más asegurada porque eran personas mayores que ya tenían vivienda en el pueblo. Lo que faltaba era articular todo lo demás: el refuerzo del tejido comunitario como factor de protección.

Nos falta hablar del sinhogarismo juvenil.
Sí.Hemos hablado de personas mayores, pero también hay jóvenes que acaban en situación de calle. Por un lado, el sostén familiar en España está cambiando. Antes la familia funcionaba como un colchón que podía sostener en momentos de dificultad.

En cambio, ahora hay una mayor fragilidad, tanto por cambios en las dinámicas familiares como por la precarización general. Por otro lado, está el fallo institucional: jóvenes que estaban bajo el sistema de protección de la administración —centros de acogida, recursos residenciales— y que, al cumplir los 18 años, quedan fuera del sistema.

De repente, el Estado se retira porque ya son mayores de edad, aunque su situación económica no haya cambiado en absoluto y no tengan una red familiar que los apoye. Y aquí hay una pregunta clave: ¿el sistema de protección genera autonomía real o solo sostiene mientras dura? Si al cumplir 18 años desaparece el apoyo sin un itinerario realista, el resultado es la situación de calle. Además, tenemos el componente migratorio juvenil. Hay factores que explican el sinhogarismo que no se limitan a lo local, autonómico o estatal. También están los flujos migratorios, las políticas internacionales, las guerras y un largo etcétera.

Se suele decir “hagamos un mundo mejor”, pero, ¿qué se puede hacer?
En el caso de los jóvenes, la capacidad de inserción laboral es muy alta si se acompaña bien. La respuesta debería ser una vivienda vinculada a un proyecto formativo, orientado a la inserción laboral. En jóvenes migrantes, además, con un mínimo apoyo inicial se pueden integrar muy rápido.

En poco tiempo aprenden el idioma, se forman y pueden contribuir económicamente. Aquí aparece otra crítica: la administración da seis meses para trabajar con esta persona, pero en seis meses a veces ni siquiera se ha consolidado el idioma. El plazo real que se necesita es mayor.Si fallamos en ese momento y la persona llega a la calle, la calle deteriora, quema. Y entonces la inversión de recursos necesaria más adelante será mucho mayor.

*Elena Matamala Zamarro es profesora de Trabajo Social y Servicios Sociales en la Universitat de València. Doctora en Ciencias Sociales, investigó el sinhogarismo de larga duración en València (tesis 2020, premiada) y ha publicado sobre exclusión residencial, juventud sin hogar y envejecimiento rural. También ha trabajado en servicios de atención a personas sin hogar y coordinó el censo de Valencia de 2021.

Mariana Vilnitzky entrevista a Elena Matamala Experta en sinhogarismo. Fotografías Javier de Vicente.

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