Estos apuntes, pese al título, no van sobre Ábalos. No, esto va sobre impuestos. El debate sobre la tributación de los trabajadores que perciben el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) ha resurgido con fuerza ayer con el desencuentro circense entre «los socios del gobierno más progresista de la galaxia«. Un desencuentro que ha tornado en despropósito total, con numerito en la rueda de prensa post-consejo de ministros incluido.
El hecho de que en la actualidad haya quien quiera que estén exentos de pagar este impuesto, pese a las subidas continuadas, genera una distorsión y deja una mayor carga sobre las espaldas de otros trabajadores y contribuyentes, a la vez que también debilita la percepción de justicia en el reparto de los esfuerzos fiscales.
Otro punto clave es que muchas de las personas que perciben el SMI también reciben diversas ayudas económicas que no se contabilizan como ingresos sujetos a esta tributación. Estas pueden incluir prestaciones por desempleo previas, ayudas para vivienda, subvenciones al transporte, becas, reducciones en el pago de ciertos servicios y otras asistencias sociales que mejoran su capacidad económica real, frente a otras familias trabajadoras que ven cada día como estos gestos a la galería, les dejan fuera a ellos y cada vez más cerca, si no es que ya están ahí, de la condición de «pobres con trabajo», pagando año a año más impuestos a la vez que reciben peores servicios y prestaciones.
Si bien estas ayudas cumplen un propósito social importante, también es cierto que reflejan un nivel de ingresos indirectos que no se está considerando a la hora de determinar su contribución fiscal. Permitir que un sector de la población reciba recursos públicos sin aportar en la misma proporción que otros trabajadores con ingresos similares genera una sensación de agravio comparativo, además de un incentivo para echar números y decidir que si ganas directa o indirectamente casi lo mismo sin salir de casa a trabajar, para que hacerlo…
Permitir que estos trabajadores con SMI tributen por IRPF, de forma progresiva y ajustada a su capacidad, ayudaría a reforzar el sistema impositivo sin representar una carga desproporcionada para ellos. Además, contribuiría a mantener los servicios públicos de los que también dependen y haría que el esfuerzo fiscal se distribuya de manera más equitativa entre toda la sociedad.
La justicia fiscal no consiste solo en proteger a quienes menos ganan, sino también en garantizar que todos contribuyan en la medida de sus posibilidades.
Quedo a la espera de que esa «valentía» con estas «migajas» que demuestra la izquierda «más de izquierdas» –forzada por sus bajos números en las encuestas – en el gobierno y fuera de el, a la que se ha sumado irresponsablemente la derecha liberaloide del PP – lo que hay que ver– les lance realmente a una verdadera revolución fiscal que cumpliera con los objetivos de progresividad y equidad, al mismo tiempo que repartiera por rentas las cargas eliminando todas las ayudas y exenciones, que son muchas, que no miran la renta sino la edad, el género u otros criterios. Además, de paso, con un recorte del gasto superfluo y una revisión de la tributación a las rentas que no son las del trabajo. Mucho pido, lo se. Pero no desespero…