Seguimos sin acuerdo.
– Pues eso, que parece que no lo hay ni lo habrá. Como en tantas cosas. Pero en este caso es más grave de lo que parece porque más allá de la peleas partidistas de turno lo que está en juego son dos cosas:
1. El nombramiento de los jueces del Tribunal Supremo – y otros – que es competencia del CGPJ, por lo que el interés en controlarlo durante varios años más es bastante evidente e indecente.
2. El modelo de elección para el futuro de este tribunal.
Lo primero ya lo he catalogado de indecente o sea que queda clara mi posición y lo segundo, pues lo segundo es bastante serio.
El modelo “actual” donde los dos partidos principales – por el hecho de tener 3/5 parte del parlamento – se reparten la tarta, dicen que es poco “democrático y europeo«. Y a groso modo lo es pero no porque elijan ellos, sino porque lo hacen a escondidas y fuera del espacio donde debe decidirse, que según la Constitución es el parlamento, donde reside la soberanía popular. A mi sinceramente lo que me parecería poco democrático es que uno de los tres poderes del Estado sea ajeno a la soberanía popular que reside, como he mencionado, en el parlamento a través del voto libre y secreto de los españoles.
¿Estará menos politizada la justicia si su órgano de gobierno en lugar de ser elegido por partidos políticos que representan a gran parte de los 48 millones de españoles lo es solamente por asociaciones profesionales de claro signo político – conservadores o progresistas se autodenominan – que representan a poco más de 30000 personas?
Sinceramente creo que no. Aunque si defiendo que debe reformarse el modelo actual e ir a otro nuevo donde los candidatos a estos órganos deban pasar por un procedimiento “opositor” previo de méritos mínimos y libre concurrencia para luego pasar por el filtro de una comisión mixta de justicia del congreso y senado donde puedan ser evaluados y valorados de forma pública para lograr ser refrendados por quienes tienen el mandato constitucional de elegirles. Y de paso evitar el bochorno de estas negociaciones en Moncloa entre el gobierno de turno y el principal partido de la oposición, sin tan siquiera la menor discreción lo que lo hace más penoso aún.
Esta pelea – la penúltima, porque siempre hay más – entre el PSOE y el PP, esconde la otra gran disputa: el Tribunal Constitucional, donde deberán resolverse en los próximos años los verdaderos grandes conflictos legislativos del país, como pueden ser los problemas con el secesionismo y el ordenamiento territorial u otros temas candentes.
Claro está que vista la ineficacia de este Tribunal en temas como el aborto y otros polémicos, donde llevan más de 10 años sin pronunciarse sobre recursos a leyes o en casos como la inconstitucionalidad declarada de otras –los estados de alarma– que no han tenido consecuencia efectiva alguna, tampoco entiendo el empeño por controlarlo a no ser que esta vez si quieran darle un uso realmente de parte para poner en marcha una nueva buena vuelta de tuerca a este país. Que nada es imposible ¿verdad?
