Hay algo profundamente obsceno en una sociedad que puede encontrar la manera de mandar a la calle a una mujer de 87 años después de más de siete décadas viviendo en la misma casa. Maricarmen lleva desde 1956 en su piso del Retiro. Hoy se enfrenta, por cuarta vez, a un desahucio promovido por la empresa propietaria, mientras cientos de personas se concentran ante su casa para intentar impedirlo.
La historia de Maricarmen tiene, además, esa peculiaridad de nuestra época: su casa no ha cambiado, pero ha cambiado radicalmente lo que algunos pueden ganar con ella. El alquiler que pagaba rondaba los 500 euros y la propiedad llegó a reclamar 2.650. La vivienda, mientras tanto, sigue siendo exactamente la misma: unas paredes, una cocina, unos recuerdos y una vida entera dentro.
El problema aparece cuando la vivienda deja de contemplarse como un lugar donde vive alguien y empieza a contabilizarse únicamente como un activo. Entonces ocurre lo que estamos viendo en Madrid: una mujer de 87 años puede convertirse en una cifra incómoda dentro de una cuenta de resultados.
Y aquí la política de vivienda tampoco sale precisamente bien parada. Décadas de vivienda pública insuficiente, alquileres disparados y una política incapaz de garantizar alternativas adecuadas han terminado dejando casos como el de Maricarmen en manos de los tribunales, los fondos de inversión y, finalmente, de la solidaridad de los vecinos. Hasta una escritora anónima se ha ofrecido a pagar la diferencia del alquiler para intentar evitar el desahucio.
Que una desconocida tenga que ofrecerse a pagar para que una anciana pueda seguir viviendo en su casa debería hacernos pensar bastante. No solo sobre los fondos buitre. También sobre un modelo en el que ganar dinero con una vivienda parece más sencillo que conseguir que una persona pueda seguir viviendo dignamente en ella.