Náufragos del socialismo
El autor sostiene que la política de Sánchez se ha sustentado en el insulto, la marginación y el menosprecio hacia los militantes y simpatizantes socialdemócratas, que permanecen en silencio por vergüenza.
Cesar Antonio Molina.- El Mundo
En nuestro país, o en lo que va quedando de él, vivimos en un tiempo emocional en el cual, cada vez más, los ciudadanos van incrementando su aversión hacia la política. Siempre la hubo, pero su crecimiento durante estos últimos años, por su trascendencia, es nuevo. Sentir repugnancia ante determinados actos políticos, reiteradamente infamantes, se ha convertido en un elemento esencial de nuestra supuesta «cultura» democrática. Y no es para mejor. Descubrir que hay asesinos de primera y de segunda es aún incluso peor que darse cuenta de que hay ciudadanos de primera y de segunda, según a la comunidad que se pertenezca. Excepto los etarras, no hay ningún asesino en España que haya cometido decenas de muertes violentas y salga, sin más, libre o goce de privilegios carcelarios. Y si unos ya están en la calle o a punto de estarlo ¿por qué el resto no obtiene los mismos privilegios penitenciarios? ¿Es que los asesinatos de «carácter político» sobre víctimas inocentes son distintos que los asesinatos comunes?
Esta es una carga inmoral de semejante calibre que pesará sobre el futuro electoral de este Gobierno, cuyo presidente le acaba de ratificar a Feijóo, en el Senado, que prefiere tenerlos de socios a ellos, a los jamás arrepentidos del terrorismo, que a él. Con el tiempo, será un baldón para aquellos que lo llevaron a cabo. Si hay una deontología política, tanto el presidente como el actual ministro del Interior la han manchado. Y este último es ya una vergüenza para la judicatura. Un fiel, otrora, cumplidor de la ley, se ha convertido ahora en un enemigo de sí mismo y de todo lo que representaba. Juez primero y ahora protector y abogado de aquellos a los que inculpó.
¿Hay una bolsa, más o menos inmensa, de desencantados socialistas, como afirma reiteradamente Feijóo? Evidentemente sí que la hay. Y la mayor parte de los mismos permanece silente por vergüenza. Pero son incluso muchos más de los que se piensa. ¿Cómo si no hubiera podido ganar el PP de semejante manera tanto en Madrid como en Andalucía? Y quienes han cambiado su voto no han cambiado su ideología, sino que simplemente no soportan a la actual dirección de lo que es o fue su partido. Tampoco esta es que se haya ocupado mucho de ellos. Eso sí, solo para acusarles de fascistas y renegar de lo que ellos hicieron, no únicamente para traer la democracia sino también lo que era más difícil: mantenerla durante tantos años.
La política de Sánchez, y lo acabamos de volver a ver en el Senado, se ha sustentado en el insulto hacia estos militantes y simpatizantes, en la marginación y el menosprecio hacia su labor. Ninguno de los familiares de las víctimas socialistas de ETA ha recibido las atenciones que el presidente les otorga a los representantes etarras. Ha cambiado votos por asesinos. ¿Algún socialista, o alguien en general, puede admitir esto? ¿Alguien puede admitir que quienes han cometido los más graves delitos contra nuestra democracia y libertad, los independentistas catalanes, juzgados y condenados, estén ya en la calle, cuando hay delincuentes de poca monta aún detenidos?
Pero hay otros muchos más motivos por los que miles de socialistas están disconformes con este Gobierno. Pactó con la extrema izquierda con la que el presidente dijo que jamás lo haría, conformando así un Gobierno paralelo en constante confrontación. Un Gobierno cuya parte del mismo es comunista y defensor de Putin, así como afectos a los autoritarismos hispanos. Un Gobierno y partido que ha penalizado y publicitado la corrupción de los otros y trata con arrogancia e impunidad la propia. Un Gobierno y partido que permite el saqueo sistemático de todos los españoles por parte de los nacionalistas, y que ha institucionalizado la desigualdad en el reparto de recursos entre las comunidades. Tratar a unas como si fueran Estados y a las otras minusvalorarlas. Redactar una Ley de Memoria Histórica en la cual se quiere borrar la labor de las generaciones socialistas anteriores, poco menos que estableciendo la llegada de la democracia con la llegada de ellos mismos al poder.
De esta manera, sin consenso alguno, se destruye el pacto constitucional por el cual se instauraba la paz y el trabajo en común para sacar adelante el país. Siendo republicanos, estos socialistas han comprobado la utilidad de la monarquía frente a aquellos que quieren imponer una serie de repúblicas autoritarias independientes. Es indigno el menosprecio y apartamiento del Rey, así como la permisividad e incluso complicidad con aquellos miembros del Gobierno que tratan permanentemente de desestabilizar la Jefatura del Estado. La lista de agravios es inmensa. Añadamos solo estos otros: el zarandeo a la separación de poderes; el castigo absolutamente injusto a los representantes de las fuerzas de seguridad que cumplieron con su deber en Cataluña; la complicidad con los políticos populistas hispanoamericanos que critican el legado de España; los ataques a la propiedad privada y a las empresas; impuestos y precios ya imposibles de pagar; la nefasta Ley de Educación; la indefensión del español en las comunidades autónomas independentistas; las mentiras «piadosas» durante la pandemia; el cambio repentino y sin explicación sobre el Sáhara; el acoso continuado al CNI; el trabajo y la ausencia de expectativas entre la juventud; los decretos leyes para imponer criterios sin debate; la errática gestión económica; los ataques a la libertad de expresión en los medios de comunicación manejados, según dijo el presidente en el Senado, por «poderes ocultos», como aquellos famosos judeo-masónicos del franquismo.
El presidente que debería haber sido el paladín de la concordia cívica se ha convertido en todo lo contrario. Qué es si no el acuerdo firmado entre el Gobierno de España y la Generalitat a finales de este pasado mes de julio para, según ambos, «superar» la judicialización y reforzar las garantías que, según la firma, nuestro Estado de derecho no otorga a los independentistas catalanes. Es decir: que por encima de las leyes hay otros intereses políticos superiores que pueden evitar el cumplirlas. «El Gobierno de España y el de la Generalitat se han comprometido a avanzar en el diálogo y la negociación superando y poniendo fin a la dinámica y los efectos de la judicialización de los últimos años que ha contribuido a agudizar el conflicto político…», así reza literalmente.
Dicho de otra forma: que los culpables de todas las revueltas en Barcelona fueron los jueces y no los fanáticos, así como las leyes incumplidas, la Constitución violada, la seguridad pública puesta en peligro y, en definitiva, el resto de los españoles. Y todo esto lo aprueba y ratifica, unilateralmente, un Gobierno que, se supone, nos representa a todos. En este papel insólito se habla también de no criminalizar los «proyectos políticos democráticos». ¿La independencia es un proyecto político democrático? Los miles de socialistas disconformes no votaron eso cuando votaron la Constitución. Ni siquiera aparece en los estatutos de autonomía. Más que superar la judicialización, de lo que se está hablando es de una desjudicialización, de la inservibilidad de las leyes en general. Del reconocimiento implícito de que cualquiera se las puede saltar. ¿Un país que permite esto es democrático? En el tercer apartado de sus conclusiones se acuerda, así como así, concretar e iniciar las reformas legislativas.
Lo mismo sucede con el acuerdo firmado, en las mismas recientes fechas, para la protección del catalán y del aranés. Desconozco que el catalán esté en peligro en Cataluña. Desconozco el porqué un Estado o región pueda estar en contra del conocimiento enriquecedor de varias lenguas, siendo dos las propias. Todas las lenguas son patrimonio de la humanidad, pero unas son de cultura y otras, además también de serlo, lo son de comunicación masiva. Y, con todos mis respetos, tantas veces demostrado y con mi más total admiración, el catalán y el aranés no lo son porque el número de hablantes no lo permite. Gracias al español, millones de gallegos, vascos y catalanes tuvieron, durante los siglos XIX y XX, un futuro mejor en Hispanoamérica.
Sí, el presidente se ha descapitalizado a sí mismo. Su delirio ideológico se está comiendo a sus socios. No es que no pueda prescindir de ellos, sino que se ha metamorfoseado con ellos mismos, sufre ya el síndrome de Estocolmo. Miles de militantes y simpatizantes socialistas no lo pueden respaldar, ofrezca las dádivas y tómbolas que ofrezca. La arrogancia, el desprecio y la virulencia con tintes autoritarios ajenos a la tradición del socialismo, son difíciles de digerir. Que el presidente se mire en el espejo francés. ¿Qué le acaba de suceder en las elecciones generales a la alcaldesa de París, a quien tanto apoyó? Muchos de los males de los populismos han sido traídos por gobernantes fallidos y radicalizados. Sí, al día de hoy, la aversión política crece emocionalmente. Y los náufragos del socialismo quieren recuperar su ideología socialdemócrata arrumbada -y también a su país- en los astilleros del desguace.