Fernando García de Cortazar.- ABC

Para que España pudiera constituirse como nación consciente de sí misma, debía contarse con un material político del que disponían los ciudadanos en la crisis de los años treinta. Parecía que, tras el grito regeneracionista del 98 y los proyectos modernizadores de la generación del 14, el impulso españolizador tenía una potencia que resultaría imbatible.

De aquellas reflexiones airadas de fin de siglo expuestas con finura literaria y profundidad emocional; de aquella reivindicación de una pedagogía cívica en busca de una nación moderna que abandonara la melancolía decadente de sus intelectuales y la frivolidad de su aristocracia; de aquella firmeza crítica que superó la mera exhibición de pesadumbre, para someterse al rigor doloroso del patriotismo; de aquel deseo de recuperación de lo mejor de nuestra historia para actualizar sus valores ante los desafíos de una Europa desorientada; de toda aquella movilización de cuerpos y almas que arrancó del desastre colonial y de la impresión de fracaso de nuestro siglo XIX, surgieron propuestas que podían haber llevado la nación a un momento de singular esplendor, además de pertrechar a los españoles con una conciencia de comunidad inexpugnable ante cualquier tentación disgregadora o sentimiento de inferioridad.

Ahí estaba una España con la esperanza a punto y con la brillantez de su cultura que el mundo entero no ha dejado de admirar desde entonces. Esa España que nadie en su sano juicio se atrevería a considerar invención, fraude o cáscara vacía. A ver si, con la documentación que justifica la entraña de la historia, alguien es capaz de impugnar la vitalidad de aquella nación en vilo, tendida con avidez hacia un mañana que se frustró de una forma tan siniestra. Una nación que hoy podríamos poner como ejemplo para las jóvenes generaciones, educadas en la ignorante visión de que la Transición fundó un país inexistente, o pactó un acuerdo de circunstancias para paliar la ausencia de una conciencia nacional. Que vengan los infelices rastreadores de patrias sumergidas a negar aquella poderosa realidad, que tuvo la mala suerte, la increíble desventura para todos los españoles –no solo para los vencidos de 1939– de coincidir con el periodo sangrante, exasperado y nihilista de la Europa de entreguerras. Que vengan a decirnos que España no fue nunca, además de una realidad histórica precisa, una inmensa esperanza que movilizó a los mejores de los nuestros. Que se atrevan a sostenerlo sin que les reviente la cara de vergüenza.

Estructuras injustas

Que aquella nación se sustentaba sobre estructuras sociales injustas, de privilegio y miseria, es algo que puede verse en la voluntad reformista de quienes deseaban corregir el abuso sin violencia y sin el atropello de una legislación alternativa que aboliera derechos naturales. Entre otras muchas, resaltó la voz de un hombre cristiano, catedrático de Derecho Canónico, dirigente de la CEDA y prestigioso reformista social agrario Manuel Giménez Fernández. Aquel hombre de honrada personalidad no deseaba liderar una tendencia «de izquierdas» en el partido de Gil Robles, sino llamar la atención sobre un aspecto ideológico insoslayable de la tradición católica española, pionera de las más tempranas reflexiones sobre la legitimidad del poder y el derecho de gentes. Los católicos metidos en política habían de impulsar el pensamiento de la Iglesia como un cuerpo doctrinal completo y, tras las encíclicas de León XIII y Pío XI, no existía motivo alguno para que en su gestión de la vida pública descuidaran la justicia social.

La legislación aprobada en la breve etapa ministerial de Giménez Fernández, haciendo frente al gravísimo problema de la propiedad agraria, no era una mera respuesta paliativa para evitar la radicalización de los humildes manipulable por las izquierdas. Era, sobre todo, el imperativo de la propia conciencia de un creyente que no reducía su fe a la participación en los rituales de domingo. La defensa de la nación no podía hacerse desde un patriotismo vacuo, sino desde el coraje de asumir que la España existente era insatisfactoria y que debía soliviantar a quien la contemplara con el ánimo adecuado. No era la exaltación nostálgica de un tiempo muerto lo que podía poner en pie a los ciudadanos, sino la práctica de valores permanentes consustanciales a España desde que entró en la modernidad renacentista. El redescubrimiento de aquel pensamiento español anticipado a las ideas de legitimidad del poder y del derecho natural, primicia y ejemplo de nuestros escritores del siglo XVI y XVII, había de convertirse en propuesta para integrarnos en una democracia plena, de respeto a la realización del hombre entero, de esperanza en una nueva humanidad que había latido en el fondo de nuestra misma concepción como nación antigua y moderna de Occidente.

Por ello resulta desalentador que, mientras unos acusaron a la derecha católica de ser incapaz de entender el sentido de la justicia, otros se refugiaran en una vetusta idea de patriotismo para amenazar a Giménez Fernández con insultos inauditos, que cuestionaban su españolismo, su respeto al derecho de propiedad que él ajustó al ideario cristiano, e incluso su sentido de la fe. En una imagen aterradora de la fuerza que frustró las posibilidades de aquella España, la izquierda estuvo dispuesta a destruir todo impulso de justicia que no se gestionara desde sus planteamientos sectarios. Y buena parte de la derecha quiso identificar su firmeza con el inmovilismo y la grave irresponsabilidad de olvidar preceptos sociales que estaba obligada a cumplir.

Prueba de esta doble soledad fueron los años de la Guerra Civil y la posguerra, tiempos en los que incluso corrió peligro la vida de Giménez Fernández, despreciada por unos y maldecida por otros responsables de la tragedia. Pero su voz sigue ahí, en el «Diario de las Cortes», como prueba de que era posible la concordia y la justicia, la nueva España que alentaba en aquel puñado de hombres y mujeres, para quienes la nación fue realidad y proyecto, tradición y destino histórico. Presente insatisfecho y voluntad de perfección.