Mi oposición a negociar una amnistía de delincuentes independentistas (que los hay por tomar decisiones políticas ilegales y otros por malversar fondos públicos, promover violencia…) no solo es una cuestión de inconstitucionalidad o dignidad, que ya sería suficiente sino además porque lo considero una irresponsabilidad política ya que saben que si una vez garantizada la investidura, el TC declarara (pese a Conde Pumpido) la inconstitucionalidad del acuerdo del Congreso (apoyado se supone por una mayoría ínfima de 178 a 172) esto volverá a dividir Cataluña dando alas a los independentistas y a su discurso falsario y victimista de una España represora.

¿Merece la pena la inestabilidad y forzar la ruptura de la convivencia de toda España por mantener un gobierno vendido a una minoría?

Yo opino que no.

Si la izquierda cree que con más de 11 millones de votantes en contra y supuestamente 12 a favor, sumando a los votantes de PSOE (a los que se les dijo antes del 23 J justo lo contrario), Sumar, Bildu, ERC, BNG y las derechas nacionalistas) es el momento de abrir un proceso constituyente y reformar la estructura del Estado, pues adelante.

Nuevas elecciones con propuestas concretas en este ámbito que votemos todos los españoles. Y a abrir el melón, pero no con acuerdos forzados por la debilidad y la necesidad de una izquierda que se sitúa lejos de la mayoría parlamentaria y que requiere el apoyo de unos independentistas electoralmente más débiles que nunca, pero dispuestos a aprovecharse para lograr lo que ni las urnas ni la ley les otorga.

¡Yo exijo también mi derecho a decidir!